El mercado mundial del carbono desarrollado por la ONU en el marco del Acuerdo de París sobre el cambio climático podría ofrecer una «norma internacional importante» para los proyectos de captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCUS) que generen créditos de carbono, según nota de Argus, basada en un acto del sector celebrado en Letonia.
A medida que los proyectos de CCUS ganan terreno en Europa y se plantea la cuestión de cómo acreditar los volúmenes de carbono secuestrados, los inversores podrían considerar el mercado de carbono que se está desarrollando en virtud del artículo 6.4 del Acuerdo de París como una norma, para proporcionar orientación sobre cuestiones tales como las líneas de base, o el seguimiento y la verificación, dijo el consultor Matthias Honegger a los delegados en el Foro del Carbono del Báltico.
«Esto permitiría aplicar de forma creíble los proyectos de CCUS, que necesitarán una base de referencia clara y rigurosa para calcular la reducción de emisiones, y metodologías estrictas de medición, notificación y validación (MRV). Además, tendrán que estar claramente integrados en el contexto del uso de créditos, para evitar el doble cómputo y la doble reivindicación de las reducciones de emisiones«, dijo Honegger.
El organismo de la ONU encargado del clima y el órgano supervisor del artículo 6.4 esperan que las normas sobre el nuevo mercado estén terminadas a finales del año que viene, tras varios aplazamientos. El organismo supervisor ha explicado el retraso en parte por la complejidad de la cuestión de las retiradas.
Según Honegger, el artículo 6.4 podría orientar a los agentes del CCUS a partir de 2024-25 aproximadamente.
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Nuevas directrices
Las directrices sobre inventarios de gases de efecto invernadero (GEI) carecen de detalles sobre las absorciones de carbono, sobre todo cuando el carbono cruza fronteras, explicó Honegger.
El cruce de fronteras es fundamental para una serie de proyectos CCUS existentes que pretenden transportar el carbono secuestrado desde, por ejemplo, emplazamientos industriales en la Europa continental hasta lugares de almacenamiento submarino en el Mar del Norte noruego.
Todavía no está claro dónde se ha producido legalmente la mitigación del carbono, una cuestión que los responsables políticos tendrán que resolver «rápidamente», según Honegger.
La directiva de la UE sobre CCUS ofrece orientaciones sobre el control y la notificación de fugas físicas, pero la aplicación real de la directiva varía en función de las capacidades de los Estados miembros, según Honegger.
De acuerdo a Honegger, el marco de certificación de la eliminación del carbono (CRCF) propuesto por la UE podría convertirse «en teoría» en una fuente de ingresos para los proyectos de CCUS a largo plazo, pero la credibilidad del CRCF se ha visto socavada por problemas en la fase de definición del ámbito de aplicación del marco.
Además, Honegger considera que no está claro cómo se integrará el marco en el panorama político general de la UE.
Es probable que el mercado voluntario del carbono, que según Honegger es una de las pocas oportunidades de generar ingresos para los proyectos de CCUS, ignore el CRCF por «irrelevante», afirmó el consultor.