La industria del hidrógeno verde en Chile se encuentra en una encrucijada crítica. Lo que hace pocos años se presentaba como una oportunidad estratégica para liderar la transición energética mundial, hoy se enfrenta a una realidad marcada por el estancamiento de megaproyectos, la fuga de inversionistas y un replanteamiento forzoso de las metas nacionales.
El nuevo gobierno que asumirá en 2026 recibirá un sector cargado de promesas, pero también con profundas debilidades estructurales que amenazan con desvanecer la ventaja competitiva del país.
A continuación, se presentan los principales desafíos y retos que la próxima administración deberá abordar con urgencia para rescatar una industria considerada clave para el futuro económico de Chile.
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Un sueño que se topa con la realidad
Chile fue pionero en la región al lanzar en 2020 su Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde, bajo el segundo mandato del expresidente Sebastián Piñera, con el ambicioso objetivo de posicionarse como líder mundial en la producción y exportación de este combustible limpio.
El plan inicial contemplaba contar con 5 GW de capacidad de electrólisis en desarrollo para 2025 y producir el hidrógeno verde más barato del mundo para 2030.
Con una cartera de más de 80 proyectos anunciados e inversiones potenciales que superaban los 170.000 millones de dólares, las expectativas eran inmensas, y el país austral parecía tenerlo todo: recursos renovables excepcionales en el desierto de Atacama y la Patagonia, estabilidad institucional y un firme compromiso con la descarbonización.
Sin embargo, la euforia inicial dio paso a un período de ajuste: en octubre de 2025, el ministro de Energía, Diego Pardow, anunció que Chile reduciría sus metas de producción de hidrógeno verde debido a un enfriamiento del mercado global, una decisión que refleja una tendencia mundial de cancelación de proyectos y reducción de inversiones.
Dicha realidad, que contrasta fuertemente con el optimismo inicial, representa el principal legado en la materia que recibirá la próxima administración.
Cuellos de botella e incertidumbre jurídica
Uno de los obstáculos más severos y muy citados por los actores del sector es la lenta y compleja tramitación de permisos sectoriales y ambientales.
Según un informe del año pasado de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), la incertidumbre sobre los plazos de estos procesos es una de las principales preocupaciones de los inversionistas.
A pesar de los numerosos proyectos potenciales, hasta la fecha solo dos cuentan con permiso ambiental aprobado: el proyecto Volta de MAE y la planta de combustibles sintéticos Cabo Negro de HIF Global.
Expertos como Pablo García, profesor de la UAI y exvicepresidente del Banco Central, advierten en el informe que un proceso de aprobación que puede extenderse entre 5 y 6 años tiene un «efecto disuasivo en la inversión» , especialmente cuando otros países ofrecen sistemas más rápidos y certeza regulatoria.
Para hacer frente a esta «permisología», el gremio H2 Chile presentó una agenda de ocho reformas al próximo gobierno, que incluye la creación de una ventanilla única para acelerar los permisos de proyectos estratégicos y un recurso único de reclamación para las Resoluciones de Calificación Ambiental, con el objetivo de reducir la judicialización.
El déficit de infraestructura crítica
El desarrollo del hidrógeno verde no es posible sin una infraestructura masiva y especializada. Los proyectos requieren, de manera integral: plantas desaladoras, electrolizadores, fuentes de energía renovable, plantas de amoníaco y, fundamentalmente, puertos capaces de exportar el producto. Según García, «la agenda del hidrógeno solo avanzará a la velocidad del más lento de esos cinco elementos».
En este sentido, la carencia de infraestructura portuaria es particularmente aguda, especialmente en la región de Magallanes, donde se concentran los proyectos más grandes.
Iniciativas emblemáticas como el proyecto H2 Magallanes de TotalEnergies, una inversión récord de 16.000 millones de dólares, contemplan la construcción de un puerto multipropósito, carreteras, subestaciones y líneas de transmisión internas como parte fundamental de su desarrollo.
El nuevo gobierno deberá evaluar cómo fomentar y financiar esta infraestructura de uso común, vital para que el sector despegue.
Comunidades, agua y conflictos territoriales
La expansión de la frontera extractiva verde no está exenta de profundos conflictos socioambientales. En el norte del país, especialmente en la región de Antofagasta, las comunidades indígenas y locales ven con creciente preocupación la llegada de megaproyectos de hidrógeno.
Se ha acuñado el término «zonas de sacrificio verde» para describir territorios que, tras décadas de explotación minera, ahora enfrentan una nueva ola de industrialización que amenaza sus ya escasos recursos hídricos y su forma de vida.
El agua es un punto de tensión crítico, ya que la producción de hidrógeno verde mediante electrólisis requiere un consumo significativo de este recurso, a menudo desalinizado, en un país donde regiones enteras sufren de escasez hídrica.
La cancelación del megaproyecto INNA de AES Andes en el desierto de Atacama, valorado en más de 10.000 millones de dólares, no solo se debió a incertidumbres financieras, sino también a la fuerte oposición de la comunidad científica internacional, que alertó sobre su impacto en los cielos del Observatorio Paranal.
Este tipo de conflictos evidencia la falta de una Política Nacional de Ordenamiento Territorial para el hidrógeno verde, una demanda clave del sector para evitar contradicciones normativas y otorgar certeza jurídica tanto a las comunidades como a los inversionistas.
La próxima administración deberá equilibrar el desarrollo industrial con la protección de ecosistemas frágiles y el respeto a los derechos de las comunidades.
Tecnología, capital humano y el costo de la energía
La tecnología para producir hidrógeno verde a gran escala de manera competitiva simplemente no existe todavía. Bettina Horst, miembro del comité estratégico de hidrógeno verde, fue enfática al señalar que «las proyecciones de crecimiento de la demanda y del desarrollo tecnológico no se condicen con lo que hoy es la realidad. Se fue mucho más optimista».
Hoy no existe la tecnología para producir a gran escala y ser competitivos, un hecho fundamental que debe guiar las políticas públicas.
A esto se suma que Chile carece de infraestructura experimental para validar tecnologías de hidrógeno en las condiciones reales del desierto de Atacama, lo que genera incertidumbre tecnológica, riesgo de inversión y demoras en los proyectos.
Además, el país no cuenta con suficientes capacidades de talento humano para desarrollar la industria, una brecha que requiere programas de formación urgente. En esta línea, el gobierno inició esfuerzos en 2025, como la entrega de electrolizadores a liceos técnicos en Punta Arenas para fortalecer las capacidades locales.
Otro factor que lastra la competitividad es el alto costo de la electricidad, con un sector que advierte que el costo eléctrico representa entre 60% y 70% del costo nivelado del hidrógeno, por lo que es necesario reformar el sistema de transmisión y las tarifas para clientes industriales.
Señales de alarma en Chile
La desaceleración del sector ha tenido manifestaciones concretas y preocupantes. En marzo de este año, la Asociación Gremial de Productores de Hidrógeno Verde y sus Derivados de Magallanes (H2V Magallanes) anunció la paralización de sus actividades ante la «inexistencia de un mercado consolidado» para esta industria, cuestionando además la estrategia nacional implementada.
Esto no fue un caso aislado, ya que a nivel nacional, H2 Chile, el mayor gremio del sector, ha visto cómo importantes empresas, incluyendo la eléctrica Engie y Copec, dejaron la asociación.
Su director ejecutivo, Marcos Kulka, confirmó una pérdida de socios debido a un desincentivo global por las metas de descarbonización, e incluso, proyectos de gran envergadura, como el HNH Energy en Magallanes, valorado en aproximadamente 11.000 millones de dólares, anunciaron pausas y reducciones de inversión por la incertidumbre del capital internacional.
Agenda de reformas y oportunidades para el nuevo gobierno
En respuesta a este complejo escenario, H2 Chile presentó una hoja de ruta con ocho medidas prioritarias para el programa de gobierno 2026-2030, buscando que la industria mantenga un carácter de política de Estado.
La agenda incluye:
- Acelerar la tramitación de permisos mediante una ventanilla única;
- Establecer una Política Nacional de Ordenamiento Territorial;
- Crear un marco regulatorio integral para el transporte de hidrógeno y derivados;
- Reducir el costo de la electricidad mediante reformas al sistema de transmisión;
- Implementar incentivos fiscales como créditos tributarios escalables, depreciación acelerada y exenciones de IVA para equipamiento.
A pesar de las dificultades, el nuevo gobierno también hereda instrumentos valiosos, como el proyecto de ley de fomento que ofrece un total de 28.000 millones de dólares en créditos tributarios para estimular la demanda local, que se distribuirán en seis licitaciones entre 2025 y 2030.
Además, Corfo ya opera una facilidad financiera de $1.000 millones para apoyar proyectos a lo largo de la cadena de valor del hidrógeno válidos hasta este año, e inyectó $10 millones para apalancar proyectos de MarVal y Fosfoquim, cuyas inversiones totalizan unos $20 millones, orientados a fortalecer el desarrollo industrial de la minería, la celulosa y el transporte de carga.
Por ello, la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde 2026-2030 actualizada en marzo de este año sigue siendo el faro, con proyecciones de producción doméstica de 100 a 200 kilotoneladas anuales para 2035.
El nuevo gobierno de Chile tiene ante sí el desafío de gestionar las expectativas a la baja, ajustándolas a una nueva realidad tecnológica y de mercado, mientras construye las bases sólidas que el país necesita para no perder la ventana de oportunidad.
El camino tiene obstáculos, pero el potencial de convertirse en un actor relevante en la futura economía global del hidrógeno sigue siendo un objetivo de Estado, y la capacidad de la próxima administración para sortear estos desafíos definirá si el hidrógeno verde será una realidad tangible o una oportunidad histórica desperdiciada.
2026: avanzar hacia la movilidad limpia
Más que anuncios ambiciosos, 2026 será un año para medir resultados. La movilidad eléctrica y de bajas emisiones dejará de evaluarse por el número de proyectos piloto y pasará a juzgarse por su capacidad de operar a escala, reducir emisiones reales y mejorar la calidad de vida urbana.
Para América Latina, el reto será capitalizar su experiencia en transporte público eléctrico, cerrar brechas de infraestructura y construir políticas estables que permitan que la transición no solo sea verde, sino también inclusiva y económicamente viable.
En este contexto de transformación regional, Latam Mobility invita a formar parte de la Gira de Encuentros 2026, una plataforma clave para conocer en profundidad la evolución del mercado, las tendencias tecnológicas, los modelos de negocio y las oportunidades de inversión que están definiendo el futuro de la movilidad sostenible en América Latina.
La gira recorrerá los principales mercados de la región: Ciudad de México, Brasil, Colombia y Chile. A lo largo de estos encuentros, líderes del sector público y privado, empresas, inversionistas y expertos internacionales analizarán el presente y futuro de la movilidad eléctrica, la innovación tecnológica, la infraestructura, la energía y la economía climática.
La transición ya está en marcha. La Gira 2026 de Latam Mobility será el punto de encuentro para acelerar decisiones, conectar actores clave y construir, de forma colaborativa, la movilidad sostenible de América Latina.
