El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó el pasado viernes el marco regulatorio del hidrógeno bajo en carbono, en una ceremonia realizada en el Puerto de Pecém, en São Gonçalo do Amarante, Ceará.
El capítulo que prevé créditos fiscales de R$18,3 mil millones y la creación del Programa de Desarrollo del Hidrógeno Bajo en Carbono (PHBC) recibió el para enviar un nuevo proyecto de ley, confirmando el acuerdo alcanzado con el Congreso Nacional.
+Eso se debe a que la redacción final eliminó secciones que regulaban la naturaleza de los créditos. No se trata de una cuestión de impacto fiscal, sino de legislación financiera, según publicó epbr.
«Las disposiciones son contrarias al interés público al establecer incentivos que violan conceptos establecidos en la legislación financiera y presupuestaria, y generan imprecisiones que crean inseguridad jurídica», explicó el Ministerio de Hacienda en su mensaje de veto.
Se espera que Lula envíe un nuevo proyecto de ley para su aprobación a partir de la próxima semana, cuando regrese el Congreso Nacional, según el acuerdo firmado entre los parlamentarios y el Palacio de Planalto.
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Corrección del marco
«Cuando veo a la gente hablar de hidrógeno verde, solar, eólico, biomasa, hidrógeno verde, pienso: ¿qué país del mundo puede competir con Brasil? ¿Qué país puede competir con el nuestro en esta cuestión de la transición energética?», preguntó Lula durante el acto en Ceará.
«Y todavía estamos aprendiendo. Una cosa que vamos a hacer es pedir al mundo rico que nos envíe créditos de carbono, porque somos nosotros los que tenemos bosques que preservar, ellos ya quemaron los suyos. Voy a cuidar este planeta, este país», añadió el Presidente.
Tras la corrección, el marco jurídico del hidrógeno aún debe ser regulado por decreto, donde se definirán las directrices específicas para la calificación de los proyectos y las circunstancias que los rodean.
Partes del capítulo que trata de la concesión de créditos fiscales todavía podrán recibir el veto del Ejecutivo, según un acuerdo entre el Planalto y los líderes del Congreso.
El problema radica fundamentalmente en los procedimientos de los beneficios fiscales. Durante las enmiendas plenarias, el Legislativo excluyó puntos relevantes de la disposición que vinculaba los incentivos fiscales a la Contribución Social sobre los Beneficios Netos (CSLL) que grava las operaciones de compraventa de hidrógeno.
