En el inicio de 2026, dos países latinoamericanos, Panamá y Paraguay, han puesto al bioetanol y los biocombustibles en el centro de la agenda legislativa y política energética, con iniciativas que buscan establecer marcos normativos claros para la producción y uso de combustibles renovables en sus respectivas economías.
Estos avances llegan en un momento en que la región intensifica sus esfuerzos por avanzar hacia matrices más limpias y diversificadas, reducir la dependencia de combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética.
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Debate parlamentario en Paraguay
En Paraguay, el sector de los biocombustibles despidió 2025 con cifras de producción y ventas que reflejan un crecimiento sostenido de biodiésel y etanol dentro de la matriz energética, respaldado por la Cámara Paraguaya de Biocombustibles (BIOCAP), que resaltó el desarrollo y la penetración de estos combustibles en el mercado local e internacional.
El desempeño industrial alcanzado a finales de 2025 ha sido acompañado por exportaciones de volumen significativo, lo que indica la competitividad de Paraguay en este sector emergente.
En este contexto, el Proyecto Nacional de Biocombustibles, orientado a regular y promover la producción y uso de etanol, especialmente a partir de caña de azúcar, una de las materias primas más representativas del país, está programado para entrar al debate legislativo en el parlamento en enero de 2026, luego de haber avanzado en su trámite parlamentario con media sanción y discusión en diversas comisiones del Congreso.
La discusión de este proyecto de ley está siendo precedida por un foro ciudadano fijado para el 15 de enero de 2026, que reunirá a actores institucionales, sector privado, universidades, gremios y organizaciones civiles para analizar los alcances de la propuesta, generar consenso social y explicar las implicaciones del uso obligatorio del bioetanol en las gasolinas.
Entre las medidas que contempla la iniciativa está la potencial obligación de todas las estaciones de servicio de ofrecer combustibles mezclados con bioetanol, una disposición que generó debate sobre la inclusión de opciones para los consumidores y las condiciones de implementación técnica y comercial del sistema.
Impulso a la diversificación energética en Panamá
Al mismo tiempo, Panamá ha puesto sobre la mesa una propuesta legislativa para incorporar bioetanol como mezclador obligatorio en los combustibles líquidos, con el objetivo de reducir el uso de combustibles fósiles e impulsar el desarrollo de una nueva industria nacional asociada a la caña de azúcar y otros recursos agrícolas.
El proyecto de ley, identificado como Ley 443, busca establecer que las gasolinas cuenten con hasta 10% de etanol, promoviendo así una política de bioenergía que pueda generar oportunidades económicas en zonas rurales mediante el fortalecimiento de la agroindustria azucarera y la creación de empleos en toda la cadena de valor ligada a los biocombustibles.
Aunque Panamá aún no cuenta con infraestructura industrial significativa para la producción de etanol, el debate en la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional se ha iniciado con preguntas sobre la viabilidad técnica, el impacto en los consumidores y la necesidad de garantizar acceso equitativo a los combustibles mezclados.
El tema también ha sido objeto de atención pública debido a cuestionamientos sobre conflictos de interés entre legisladores y actores vinculados al sector azucarero, aunque autoridades han defendido la iniciativa y descartado beneficios personales derivados del proyecto.
Impacto esperado, desafíos y perspectivas
Los debates legislativos en Paraguay y Panamá se enmarcan en un contexto más amplio de transición energética en América Latina, en el que los biocombustibles son considerados uno de los pilares que permiten reducir la exposición a los precios internacionales del petróleo y apoyar el cumplimiento de objetivos ambientales nacionales y los compromisos de acuerdos climáticos globales.
La incorporación de bioetanol y otros biocombustibles en las mezclas de combustibles fósiles contribuye a la reducción de emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el transporte, uno de los sectores más difíciles de descarbonizar, y puede abrir oportunidades para inversiones en tecnologías limpias, la creación de empleo e incentivos para la modernización de la agroindustria local.
No obstante, la aprobación de estas iniciativas enfrenta desafíos técnicos, económicos y regulatorios. En Paraguay, el éxito del proyecto dependerá de la capacidad de generar condiciones de mercado claras para productores y distribuidores, además de establecer mecanismos de certificación, trazabilidad y estándares de calidad para el bioetanol.
En Panamá, la creación de una industria productiva y competitiva de etanol requerirá inversiones en infraestructura, políticas de apoyo, acceso a financiamiento y acuerdos con productores agrícolas.
Con ambos países abriendo espacios de debate profundo en sus respectivos parlamentos, este mes se perfila como un mes decisivo para la política de biocombustibles en América Latina, marcando posibles avances regulatorios que podrían transformar la matriz energética en favor de alternativas más sostenibles a largo plazo.
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