Un análisis reciente de la International Chamber of Commerce (ICC) advierte que México perdió o vio postergados 17 mil 400 millones de dólares en inversiones debido a la incertidumbre en las políticas económicas durante 2025, una cifra equivalente al 1% de su Producto Interno Bruto (PIB).
Este revés se produce en un contexto paradójico: el país tiene en desarrollo 24 proyectos de hidrógeno verde, amoniaco y metanol verdes que representan una inversión programada de 21 mil 227 millones de dólares, según datos de la Asociación Mexicana de Hidrógeno (AMH2).
El estudio “El costo de la política de incertidumbre en la inversión”, elaborado por la ICC, reveló que México y Canadá fueron las naciones más afectadas por la volatilidad en la política comercial, especialmente durante los anuncios arancelarios conocidos como el “Día de la Liberación” en abril de 2025.
Los hallazgos indican que la incertidumbre en la política económica aumentó abruptamente hasta casi 3,5 veces su media histórica, alcanzando niveles superiores a los de la crisis financiera de 2009 y la pandemia.
Esta situación ha llevado a que, a nivel global, se postergaran o cancelaran proyectos por 202 mil millones de dólares, de los cuales México aportó una porción significativa con 17.400 millones de dólares.
La economista en jefe de ICC Global, Melanie Laloum, advirtió que para 2026 la economía mexicana se mantiene “altamente vulnerable” y que, en un escenario pesimista, la pérdida podría ascender a 30.200 millones de dólares adicionales.
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La otra cara de la moneda
Contrastando con este panorama de pérdidas, México posee un portafolio de 24 proyectos de energías limpias en distintas etapas de desarrollo, distribuidos en 13 estados del país.
Sin embargo, estos proyectos enfrentan un desafío clave: la falta de una Estrategia Nacional de Hidrógeno. Según Israel Hurtado, presidente de la AMH2, la ausencia de este marco regulatorio genera una “incertidumbre jurídica” que desalienta la inversión y permite que otros países con mayor certidumbre avancen más rápido.
Entre los retos técnicos que frenan estos proyectos se encuentran los altos costos de producción del hidrógeno verde, la falta de infraestructura logística (ductos y sistemas de almacenamiento) y la gestión del recurso hídrico, especialmente en regiones donde se planea instalar electrolizadores.
Además, diversos analistas coinciden en que México está perdiendo la oportunidad de capitalizar su “nearshoring” y su transición energética debido a una falta de decisiones claras.
El Observatorio de Política Industrial (IPA) señaló que el país sigue “atrapado en un escenario de estancamiento estructural”, donde la inversión privada se frena por la falta de reglas del juego estables y una política industrial que no termina de consolidarse.
De hecho, durante el primer trimestre de 2026, la economía mexicana registró una contracción del 0,6% en el PIB, reflejando una debilidad generalizada en sectores clave y una menor inversión interna.
Lo que está en juego: captar o perder la ola
El estudio de la ICC también estableció un escenario optimista en el que México podría ganar 21.300 millones de dólares si la incertidumbre disminuye, pero para que esto ocurra, se necesitan acciones concretas como la publicación de la Estrategia Nacional de Hidrógeno, la simplificación regulatoria y la coordinación entre Pemex y la CFE para adoptar el blending de gas natural con hidrógeno verde.
Mientras tanto, los 24 proyectos de hidrógeno verde, que incluyen la producción de 196.707 toneladas anuales de hidrógeno, así como amoniaco y metanol verdes, siguen en una fase de “promesa energética” que podría no concretarse si la administración actual no logra salir de la indecisión.
Ante este panorama, México se encuentra en una encrucijada: por un lado, posee una cartera de 24 proyectos estratégicos de clase mundial que requieren 21 mil millones de dólares para despegar; por el otro, la incertidumbre y la indecisión política ya le costaron 17.400 millones de dólares en inversiones postergadas en 2025.
La capacidad del gobierno para generar certidumbre jurídica y aprobar una hoja de ruta clara en los próximos meses definirá si el país aprovecha su potencial energético o sigue rezagado frente a sus competidores globales.
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