Los gobiernos de Uruguay y Argentina dieron un paso significativo hacia la resolución del diferendo generado por el megaproyecto de hidrógeno verde que la multinacional HIF Global planea instalar en el departamento de Paysandú, Uruguay, a escasos kilómetros del río que sirve como frontera natural entre ambas naciones.
En una reunión celebrada el pasado martes 12 de mayo en el Palacio Santos, sede de la Cancillería uruguaya, los cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno encabezaron una delegación binacional para destrabar las objeciones argentinas, centradas en los posibles impactos ambientales y económicos sobre las poblaciones ribereñas, en particular la ciudad turística de Colón, en la provincia de Entre Ríos.
El proyecto, que representa la mayor inversión privada de la historia de Uruguay, contempla la construcción de una planta de e-combustibles sintéticos con una capacidad de producción de 170.540 toneladas anuales de hidrógeno verde, utilizando energía renovable y dióxido de carbono biogénico.
Según datos oficiales, la iniciativa de HIF Global requerirá un desembolso que supera los USD 5.800 millones y generará un impacto sustancial en el empleo local, con un promedio de 1.400 puestos de trabajo durante la fase de construcción y 300 empleos directos permanentes una vez que la planta entre en operación.
Su potencial para dinamizar la economía de una región golpeada por el desempleo es uno de los principales argumentos del gobierno uruguayo para respaldar la iniciativa.
También te puede interesar | AMH2 celebra aprobación del Dictamen de Hidrógeno Renovable en la Cámara de Diputados de México
Objeciones argentinas y antecedentes judiciales
La controversia escaló a principios de 2026 cuando la Justicia Federal de Argentina hizo lugar a una acción preventiva de daño ambiental presentada por legisladores del peronismo de Entre Ríos y un grupo de ciudadanos de Colón.
La demanda, dirigida contra el Estado uruguayo y la empresa HIF Uruguay S.A., advierte sobre la posibilidad de un «daño irreparable» en el ecosistema del río Uruguay y en la industria turística de la zona, que es la principal fuente de ingresos de la región.
Los demandantes sostienen que la ubicación inicial del proyecto, en la localidad de Constancia a solo 15 kilómetros al norte de la ciudad de Paysandú, afectaría el paisaje y la calidad ambiental de la costa argentina.
El temor a repetir el prolongado conflicto diplomático y social suscitado por la instalación de la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM) entre 2005 y 2010, que llegó a poner a ambos países al borde de una crisis institucional, ha sido un fantasma constante en las negociaciones.
En aquella ocasión, el conflicto derivó en un bloqueo de puentes internacionales y una demanda ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, un escenario que ambas administraciones buscan evitar a toda costa.
Reunión de alto nivel: avances y postura conciliatoria
La reunión del 12 de mayo fue la segunda instancia de diálogo bilateral en lo que va del año, tras un primer encuentro celebrado en noviembre de 2025. En esta ocasión, la comitiva argentina estuvo integrada, además de por el canciller Quirno, por el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y el intendente de Colón, José Luis Walser.
Del lado uruguayo, junto al canciller Lubetkin, participaron la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, entre otras autoridades.
Al concluir el encuentro, el canciller Lubetkin calificó el diálogo como un «avance sustancial» y señaló que se está trabajando intensamente en dos frentes: el ambiental y el de la relocalización de la planta. «Estamos avanzando mucho, tanto en el ámbito ambiental como en el de la re-localización. El proceso no ha terminado, pero el signo es claramente positivo», declaró Lubetkin en rueda de prensa.
Por su parte, el canciller Pablo Quirno adoptó un tono conciliador, subrayando que Argentina no busca frenar la inversión y que su postura es «pro inversión». «Uruguay tiene todo el derecho de aceptar las inversiones que cumplan con sus requisitos. Nosotros nos estaríamos tirando un tiro en el pie si pusiéramos obstáculos», afirmó Quirno, quien valoró que las inquietudes argentinas hayan sido «puestas en valor» en los estudios de impacto ambiental.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, expresó su satisfacción por la apertura uruguaya y destacó que «apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano, pero no a costa del desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón».
La alternativa de relocalización
El principal punto de avance en la negociación fue el compromiso del gobierno uruguayo de analizar seriamente la reubicación de la planta dentro del mismo departamento de Paysandú.
La opción que ha cobrado mayor fuerza es el traslado del proyecto a un predio de 48 hectáreas perteneciente a la petrolera estatal ANCAP, ubicado en la zona conocida como Nuevo Paysandú, más alejado de la costa del río Uruguay y, por lo tanto, de la visual de la ciudad de Colón.
El intendente Nicolás Olivera confirmó que se evalúa esta alternativa, que ofrece ventajas logísticas significativas, como una mejor conexión con la red ferroviaria, rutas nacionales y fuentes de energía, además de estar clasificado como un predio de uso industrial.
«El lugar ofrece mejores ventajas. Está más cerca de la fuente de CO2 biogénico y saldría de la línea de afectación que Argentina ha mostrado como un problema», explicó Olivera, quien también aclaró que esta opción no implica un retraso en los plazos del proyecto. Un comunicado conjunto emitido por ambas cancillerías tras la reunión confirmó oficialmente que Uruguay se encuentra «analizando otras eventuales localizaciones» para la planta.
Perspectivas de entendimiento
Si bien las partes evitaron anunciar una decisión definitiva, el clima de entendimiento bilateral contrasta con la tensión que caracterizó otros conflictos ambientales en el pasado.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, se refirió a las negociaciones señalando que hay «una luz al final del túnel», mientras que el intendente Walser ratificó que la postura de Colón sigue siendo firme: «estamos a favor del desarrollo de Uruguay, pero no a costa de nuestro ambiente, nuestra salud y el potencial turístico de nuestras costas».
En los próximos meses, se espera que la empresa HIF Global y el gobierno uruguayo presenten los estudios de impacto ambiental definitivos y concreten la ubicación final, un paso indispensable para que esta inversión histórica, que posicionaría a Uruguay como un actor central en la producción de combustibles sostenibles a nivel mundial, se convierta en una realidad tangible, sentando un precedente en la relación bilateral sobre cómo gestionar el desarrollo industrial en ecosistemas compartidos.
La agenda para la descarbonización
Latam Mobility impulsa el diálogo de los principales actores del sector a lo largo de su gira 2026, que recorrerá los principales mercados de la región para profundizar en estos y otros temas cruciales para la transformación de la movilidad.
La gira recorrerá los principales mercados de la región: Ciudad de México, Colombia y Chile. A lo largo de estos encuentros, líderes del sector público y privado, empresas, inversionistas y expertos internacionales analizarán el presente y futuro de la movilidad eléctrica, la innovación tecnológica, la infraestructura, la energía y la economía climática.
La transición ya está en marcha. La Gira 2026 de Latam Mobility será el punto de encuentro para acelerar decisiones, conectar actores clave y construir, de forma colaborativa, la movilidad sostenible de América Latina.
